El Ministerio de Hacienda ha decidido dar una última y generosa tregua. Cuando miles de negocios ya sentían el aliento del fisco en la nuca para este próximo enero, el Gobierno ha publicado en el BOE una prórroga de "oro" mediante el Real Decreto-ley 15/2025. El sistema Verifactu, que prometía digitalizar y vigilar cada factura en tiempo real, se pospone oficialmente un año más. Pero cuidado: este aplazamiento no es un perdón, sino una maniobra para que, cuando el sistema entre en vigor, no quede ni un solo resquicio legal por donde escapar.
Tras meses de incertidumbre y varias fechas fallidas (como el intento inicial de julio de 2024 o enero de 2026), el calendario definitivo de implantación forzosa queda configurado de la siguiente manera:
Empresas (Sociedades): Deberán tener sus sistemas totalmente adaptados y operativos el 1 de enero de 2027.
Autónomos y Pymes (Personas físicas): Disponen de seis meses adicionales, situando su fecha límite el 1 de julio de 2027.
Desarrolladores de Software: Ellos no tienen tregua. Los programas que se comercialicen deben estar técnicamente listos y certificados mucho antes, siguiendo el plazo de 9 meses tras la orden ministerial de 2024, lo que significa que el software "legal" debe estar en el mercado ya durante 2025.
Aunque la obligatoriedad de enviar los datos se haya ido a 2027, hay un peligro invisible que muchos ignoran: la prohibición del software de "doble uso" ya está plenamente vigente. Hacienda no necesita esperar a Verifactu para entrar en tu negocio y multarte con hasta 50.000 euros si detecta que tu programa permite borrar facturas o llevar una contabilidad paralela. El retraso solo afecta a la conexión con la Agencia Tributaria, pero la "limpieza" de los programas informáticos es una exigencia que los inspectores ya están vigilando hoy mismo.
Lo que realmente quita el sueño a los expertos no es el envío de datos, sino la frase que aparecerá en cada ticket: "Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT". Junto a ella, un código QR permitirá que cualquier cliente, de forma anónima, actúe como "chivato" involuntario. Al escanearlo, Hacienda sabrá al instante si esa factura ha sido registrada correctamente. Este sistema convierte a los millones de consumidores españoles en una red de vigilancia masiva que entrará en funcionamiento total en las fechas de 2027, cerrando el círculo sobre la economía sumergida.
Esperar al último minuto es la receta perfecta para el desastre. Según los expertos de verifactucrm.es, la transición hacia un sistema inalterable requiere tiempo para limpiar bases de datos y formar al personal. Además, el retraso de la Ley Verifactu convive con la Ley Crea y Crece (facturación electrónica B2B), cuyos plazos también se están solapando. Aquellos que se relajen con la prórroga de 2027 podrían encontrarse con un colapso de proveedores tecnológicos y, lo que es peor, con una inspección técnica de software que no entiende de prórrogas ni de calendarios retrasados.